Hong Kong podría perder la independencia judicial

Este fin de semana se han podido conocer unos pocos detalles del borrador de la polémica ley de seguridad nacional para Hong Kong. La máxima legislatura de China está revisando el borrador que estipula que el jefe/a del ejecutivo, en este caso Carrie Lam, podría designar al juez o jueces ante determinados casos relativos a la seguridad nacional.

Actualización: Hoy martes 23 de junio, la jefa del ejecutivo ha aclarado que los jueces serán elegidos prevíamente mediante un comité de magistrados independiente. Harán varías recomendaciones y al final Carrie Lam podrá elegir de esa lista filtrada previamente. Incluso algunos de estos jueces pueden ser de nacionalidad extranjera. Actualmente hay algunos jueces en Hong Kong provenientes del Reino Unido, Canadá y Australia.

De hecho la ley básica permite al jefe del ejecutivo elegir jueces para determinados casos como arbitraje, se ha hecho en anteriores ocasiones y no hubo críticas al respecto, ha afirmado Carrie Lam.

Desde China y el ejecutivo de Hong Kong vienen repitiendo que la ley de seguridad nacional solo afectará a un número reducido de personas y casos, y que este procedimiento de designación directa de los jueces por parte del ejecutivo se dará solo en casos excepcionales.  Pero si la ley solo se crea para situaciones excepcionales, parece que la excepción se puede convertir en la regla.

Por hacer una comparación de derecho internacional, en España el tribunal que juzga casos relativos al terrorismo o seguridad es la Audiencia Nacional. Es un órgano específico con jueces especiales y diferentes salas (penal, administrativo).  En el caso de que haya que juzgar a políticos tenemos el Tribunal Supremo que por ejemplo fue el encargado del procés contra los políticos catalanes que intentaron proclamar ilegalmente la independencia de Cataluña.  Pero Pedro Sánchez no dice que juez tiene juzgar un caso especifico por terrorismo o sedición. Son los órganos de tribunal quiénes eligen al magistrado. 

Más grave aún es otra parte del borrador de la ley hecha pública. El gobierno chino creará una oficina especial en Hong Kong para monitorizar los casos relativos a la seguridad nacional y tendrán discreción para llevar determinados casos a juzgarse a China en vez de a Hong Kong.  Estos casos serán los que pongan en peligro la seguridad nacional en circunstancias específicas.   La oficina de seguridad nacional de Pekín en Hong Kong guiará y supervisará la vigilancia de la seguridad nacional por parte de los funcionarios locales y también “reunirá y analizará la inteligencia de seguridad nacional”.

Aquí se plantea un conflicto de jurisdicción y competencias porque se supone que habrá casos que sean llevados por jueces de Hong Kong por el procedimiento habitual, pero si China se otorga como jurisdicción superior, dirá que ellos tienen competencia sobre el caso.

El poder judicial de Hong Kong tendrá que analizar la ley cuando esté detallada y pronunciarse sobre la misma, pero todo indica que van a tener poca maniobra para contradecir a las instancias superiores chinas.

El principio 1 país 2 sistemas tendría nula validez. Carrie Lam no se cansa de repetir que este principio no se ve vulnerado, pero luego justifica la interferencia del partido comunista Chino argumentando que Hong Kong es una “provincia” de China y que al igual que en otros países, las leyes de ámbito nacional las promulga el gobierno central y no las regiones.  El artículo 23 de Constitución de Hong Kong (ley básica) estipula que es la excolonia británica quien tiene potestad para darse ella misma una ley de seguridad.

Hong Kong no es una región independiente de China, pero funciona casi como tal, no se puede equiparar a otra provincia del país. Es el parlamento de Hong Kong el que debería haber promulgado una ley hace tiempo y aunque Carrie Lam echa la culpa a los prodemócratas, el grupo proPekín casi siempre han tenido la mayoría en el parlamento. Ya lo intentaron en 2003 y hubo una manifestación de medio millón de personas en las calles, temiendo que la libertad de expresión fuera erosionada por la ley.  Estamos en 2020 y en 17 años no se ha vuelto a proponer la legislación de nuevo. Han sido las protestas del 2019 y algunos intentos de “terrorismo” según las autoridades los que han forzado al gobierno de China a tomar la decisión.

Es cierto que un pequeño grupo de individuos ha fabricado explosivos caseros y deberán ser juzgados, pero aparte de eso, el resto del problema es político y social. Las manifestaciones que hubo el año pasado con 2 millones de personas en las calles de forma pacífica pueden llegar a su fin si la ley de seguridad así lo estipula. Si el motivo es protestar pacíficamente en contra de las decisiones del gobierno, desde Pekín pueden interpretar que el motivo es ir en contra de China y por lo tanto prohibir la manifestación y procesar usando la nueva legislación a aquellos que desafíen la prohibición.

Otro punto que falta por concretar es que pasa con la ahora derogada ley de extradición. Si los tribunales Chinos se declaran competentes para juzgar casos excepcionales en la ley de seguridad nacional, estamos ante una extradición si el procesado no es juzgado en Hong Kong. La independencia judicial China es ciencia ficción. De ser declarado culpable no sabemos si tendría que cumplir condena en una cárcel China o en Hong Kong.

Muchas dudas e interrogantes sobre una ley que todavía no está redactada. Es posible que sepamos más detalles los próximos días.

Foto de portada: Craddocktm

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